El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que establece un cambio significativo en las reglas de los despidos disciplinarios en España. A partir de ahora, cualquier empresa que desee despedir a un trabajador por motivos disciplinarios deberá ofrecerle previamente la posibilidad de defenderse de las acusaciones formuladas en su contra. La medida se basa en la normativa del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en España desde 1982, y refuerza los derechos de los trabajadores frente a posibles decisiones unilaterales.
Un cambio de doctrina con impacto laboral
La decisión del Supremo supone un cambio en su propia doctrina, que hasta ahora no exigía este trámite previo. El tribunal ha argumentado que las disposiciones del Convenio de la OIT han sido integradas en el ordenamiento jurídico español y deben aplicarse de manera obligatoria. Según el Supremo, el derecho de audiencia no solo es una medida de equidad, sino también un mecanismo fundamental para garantizar que las empresas no adopten decisiones definitivas sin permitir que el trabajador presente su versión de los hechos.
El caso que marcó el precedente
El cambio doctrinal tiene su origen en el despido de un profesor de teoría teatral de la Fundación para Estudios Superiores de Música y Artes Escénicas de Balears. El docente fue acusado de acoso por varias alumnas y despedido en 2021 sin que se le permitiera defenderse previamente. Aunque los tribunales inicialmente respaldaron el despido, el Supremo ha ordenado que el caso sea revisado bajo el nuevo criterio.
El tribunal ha reconocido que, en ese momento, la jurisprudencia no exigía la audiencia previa, por lo que podría aplicarse una excepción en este caso concreto. Sin embargo, la sentencia deja claro que, de ahora en adelante, este trámite será obligatorio para todos los despidos disciplinarios.
El derecho de audiencia y su importancia
El Supremo subraya que el derecho de audiencia es un paso previo e independiente de cualquier recurso judicial que el trabajador pueda presentar posteriormente. El objetivo es garantizar que la decisión de despedir a un empleado se tome de manera justa y tras escuchar su versión de los hechos, evitando que el despido se convierta en una acción arbitraria.
La sentencia destaca que “son momentos diferentes” la audiencia previa y las acciones legales posteriores, dejando claro que ambos procedimientos son complementarios y necesarios para proteger los derechos laborales.
Implicaciones para el futuro
Esta nueva doctrina tendrá un impacto significativo en el ámbito laboral, ya que obliga a las empresas a adoptar medidas más garantistas antes de formalizar un despido disciplinario. No cumplir con este requisito podría invalidar el despido y exponer a las empresas a sanciones legales, además de la posible reinstalación o indemnización al trabajador afectado.
Con este fallo, el Tribunal Supremo refuerza la protección de los trabajadores y establece un precedente clave para evitar decisiones laborales unilaterales, promoviendo un entorno más justo y equilibrado entre empleadores y empleados.
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